Desde su llegada a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador convirtió la frase 'Abrazos, no balazos' en el eje rector de su política de seguridad. Lo que para muchos comenzó como un simple eslogan de campaña, terminó por consolidarse como una declaración de principios que buscaba romper con la inercia de violencia que ha marcado a México en las últimas décadas. Esta postura no fue fortuita, sino una reacción deliberada y crítica frente a la estrategia de seguridad erigida durante el mandato de Felipe Calderón.
El origen de este cambio de paradigma se remonta a 2006, cuando el entonces presidente Calderón lanzó la denominada 'Guerra contra el narcotráfico'. Dicha estrategia, caracterizada por el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas y el descabezamiento de las organizaciones criminales, desencadenó una espiral de violencia sin precedentes en el territorio nacional. Ante este panorama, el gobierno de López Obrador planteó una alternativa que priorizara el uso de la inteligencia y la atención a las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes.
En su aplicación literal, la política de 'Abrazos, no balazos' ha implicado un cambio en las reglas de enfrentamiento para las corporaciones de seguridad. En lugar de operativos de alto impacto que terminen en balaceras en zonas urbanas, la actual administración ha enfocado sus esfuerzos en programas sociales de transferencia directa, bajo la premisa de que el tejido social debe sanarse para reducir la base de reclutamiento del crimen organizado. Esta visión sostiene que la violencia no se puede combatir con más violencia, una postura que ha generado un intenso debate en la opinión pública mexicana.
Sin embargo, la implementación de esta estrategia no ha estado exenta de desafíos. Mientras el Gobierno Federal defiende que se ha logrado detener el crecimiento exponencial de los homicidios, diversos sectores de la sociedad civil y analistas en seguridad cuestionan si la falta de confrontación directa ha permitido el fortalecimiento territorial de ciertos grupos delictivos. A pesar de las críticas, el mandatario ha mantenido su postura, asegurando que la paz duradera solo se conseguirá a través de la justicia social y no mediante el uso de la fuerza letal.
El legado de esta política marcará un antes y un después en la historia contemporánea de México. La transición de una guerra frontal a una estrategia de contención y prevención social sigue siendo el punto de mayor fricción política en el país, definiendo no solo la agenda de seguridad actual, sino también el rumbo que tomarán las próximas administraciones en su intento por pacificar a la nación.
