NUEVA YORK – En un nuevo capítulo de la batalla legal que enfrenta el expresidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, su defensa técnica denunció formalmente que el Departamento del Tesoro está obstaculizando el proceso judicial al bloquear los fondos destinados al pago de honorarios legales. Barry Pollack, abogado principal del político venezolano, notificó al tribunal de Nueva York que las restricciones impuestas impiden que su cliente ejerza plenamente su derecho a la defensa.

A través de una misiva dirigida al juez federal Alvin Hellerstein, quien encabeza el caso en la Justicia de Estados Unidos contra el mandatario depuesto, Pollack detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha interferido de manera directa en el proceso. Según el litigante, el pasado 9 de enero la OFAC otorgó inicialmente una licencia que permitía al equipo legal cobrar fondos provenientes de Caracas. Sin embargo, apenas tres horas después de su emisión, la oficina del Tesoro enmendó el documento sin ofrecer explicaciones claras, eliminando la autorización para recibir dichos recursos.

El argumento central de la defensa descansa en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza a cualquier acusado el derecho a contar con un abogado de su elección. Pollack advirtió que, al no permitir que el gobierno de Venezuela sufrague los gastos, se está dejando a Maduro en una situación de indefensión procesal, bajo el argumento de que el político no cuenta con medios propios para costear una defensa de esta magnitud de manera independiente.

Este conflicto surge en un momento de reconfiguración política en Caracas, marcado por la reciente renuncia del fiscal general y del defensor del Pueblo, figuras históricamente cercanas al círculo de Maduro. La misiva del abogado, fechada originalmente el 20 de febrero pero hecha pública recientemente, insiste en que la OFAC debe restablecer la licencia original solicitada el 11 de febrero para garantizar la equidad en el juicio.

Para analistas y observadores internacionales, el caso resalta la complejidad de aplicar sanciones económicas cuando estas colisionan con garantías procesales fundamentales dentro del sistema judicial estadounidense. El tribunal de Nueva York tendrá ahora la tarea de decidir si la intervención del Departamento del Tesoro constituye una interferencia indebida en el derecho a la defensa de quien fuera el líder del ejecutivo venezolano.