CIUDAD DE MÉXICO – Barry Pollack, el abogado defensor del mandatario venezolano Nicolás Maduro, ha denunciado públicamente una serie de obstáculos administrativos y legales impuestos por el gobierno de Estados Unidos que impiden el cobro de sus honorarios profesionales. Según el litigante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha revocado de manera sistemática las licencias necesarias para procesar los pagos provenientes del Estado venezolano.

En una serie de declaraciones recientes, Pollack detalló un patrón de comportamiento inusual por parte de las autoridades estadounidenses. El abogado sostiene que, en diversas ocasiones, la OFAC ha emitido las autorizaciones requeridas para que los fondos venezolanos sean transferidos y utilizados en su defensa legal, solo para invalidar dichas licencias apenas unas horas después de haber sido otorgadas. Este constante cambio burocrático, asegura, constituye un bloqueo de facto a su ejercicio profesional y al derecho elemental de defensa de su cliente en suelo estadounidense.

La OFAC es la entidad encargada de administrar y aplicar sanciones económicas basadas en la política exterior de los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, las sanciones han congelado activos estatales y restringido transacciones financieras internacionales, lo que obliga a cualquier entidad o individuo a solicitar licencias específicas para realizar operaciones que involucren al gobierno de Caracas. Pollack argumenta que este mecanismo se está utilizando de forma arbitraria para asfixiar las capacidades de representación jurídica del mandatario.

Para México, esta situación resulta de particular interés periodístico debido al papel que el gobierno mexicano ha desempeñado como facilitador en los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolana. La estabilidad política en la región y el uso de sanciones financieras como herramienta de presión son temas recurrentes en la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dado que impactan directamente en la diplomacia hemisférica y en los acuerdos comerciales transnacionales.

Pollack sostiene que esta situación coloca a la defensa en una posición vulnerable y cuestiona el debido proceso, al impedir que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones contractuales. Hasta el momento, el Departamento del Tesoro de EE.UU. no ha emitido un comunicado oficial respecto a las acusaciones de revocación inmediata de licencias denunciadas por el abogado, lo que mantiene el caso en una zona de incertidumbre jurídica internacional.