El equipo legal que representa a Nicolás Maduro en los Estados Unidos ha elevado una enérgica protesta ante las autoridades judiciales, señalando lo que consideran una obstrucción directa por parte del gobierno federal. Barry Pollack, el reconocido abogado defensor del mandatario venezolano, envió una misiva formal a la corte denunciando que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está interfiriendo activamente en la capacidad de su cliente para financiar y elegir una defensa técnica adecuada.
De acuerdo con los argumentos presentados por Pollack, el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, ha impuesto trabas administrativas y financieras que impiden que Venezuela cumpla con las obligaciones económicas derivadas de su representación legal. El abogado sostiene que este bloqueo constituye una violación flagrante a los derechos consagrados en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual garantiza que todo acusado tiene derecho a contar con la asistencia de un asesor legal para su defensa, lo que incluye la libertad de elegir al letrado de su preferencia.
Este nuevo capítulo en la disputa legal entre Caracas y Washington se desarrolla en un contexto de máxima tensión diplomática. Maduro enfrenta cargos en territorio estadounidense relacionados con presunto narcoterrorismo y corrupción, acusaciones que el gobierno venezolano ha rechazado sistemáticamente calificándolas como una persecución política. La defensa argumenta que, al congelar los canales financieros para el pago de honorarios, el gobierno de EE. UU. está inclinando la balanza de la justicia de manera indebida antes de que el proceso avance.
Para México, el desarrollo de este caso resulta de especial relevancia. El gobierno mexicano ha fungido en diversas ocasiones como mediador y sede de los diálogos entre la administración de Maduro y la oposición venezolana. La estabilidad política en Venezuela y la resolución de sus conflictos legales en el extranjero tienen un impacto directo en la dinámica migratoria y comercial de la región latinoamericana, donde México mantiene una postura de no intervención pero de observación activa sobre el debido proceso.
Expertos en derecho internacional sugieren que esta denuncia de la defensa podría retrasar los procedimientos legales, ya que el tribunal deberá determinar si las sanciones económicas pueden, de hecho, limitar un derecho constitucional fundamental en el marco de un juicio penal. Por ahora, la OFAC no ha emitido una respuesta oficial sobre la carta de Pollack, manteniendo la política de presión financiera sobre el gobierno venezolano.
