En una acción contundente para frenar el deterioro ambiental en el sureste mexicano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezó una serie de operativos de inspección y vigilancia en el Área Natural Protegida (ANP) Reserva Cuxtal, ubicada en el municipio de Mérida, Yucatán. Estas acciones responden a diversos reportes ciudadanos y denuncias técnicas sobre ocupación irregular, cambio de uso de suelo no autorizado y la explotación ilícita de recursos forestales en la zona.
La intervención se ejecutó bajo un esquema de despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales. Para garantizar la seguridad y legalidad del procedimiento, se integraron dos frentes de trabajo operativos. Cada equipo estuvo conformado por inspectores especializados de la Profepa, elementos de la Guardia Nacional (GN) y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, quienes recorrieron puntos críticos identificados previamente mediante labores de inteligencia ambiental.
Durante el primer operativo, realizado específicamente en el predio denominado “Hacienda Ana Victoria”, los inspectores federales constataron daños severos al ecosistema local. En el sitio se detectó el desmonte de aproximadamente una hectárea de vegetación selvática característica de la región. De acuerdo con el reporte oficial, estas actividades de remoción de flora se realizaron de manera ilegal, sin contar con las autorizaciones pertinentes que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
La Reserva Cuxtal es de importancia estratégica vital para la ciudad de Mérida, ya que funciona como la principal zona de recarga del acuífero que abastece de agua potable a la capital yucateca, además de albergar una biodiversidad endémica que se ve amenazada por el crecimiento urbano desordenado. La ocupación irregular y la tala no permitida en esta zona no solo representan un delito administrativo, sino que ponen en riesgo la seguridad hídrica y climática de la entidad.
Tras el hallazgo en la “Hacienda Ana Victoria”, la Profepa procedió a realizar las diligencias correspondientes para integrar el expediente y determinar las sanciones que, conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, podrían derivar en multas económicas significativas y la clausura total de las actividades en el predio. Las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener una vigilancia permanente en las áreas protegidas del estado para evitar que intereses particulares vulneren el patrimonio natural de los yucatecos.
