La propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales continúa generando un intenso debate entre los diversos actores sociales y económicos del país. En días recientes, diversos organismos empresariales han manifestado su creciente preocupación ante lo que consideran una implementación apresurada que no toma en cuenta las realidades operativas de las unidades económicas nacionales.
De acuerdo con representantes de la iniciativa privada, uno de los principales puntos de fricción es la falta de reconocimiento a la heterogeneidad sectorial. Los líderes empresariales argumentan que no es viable aplicar una reducción uniforme en sectores con dinámicas tan distintas como la manufactura, el sector servicios o la industria del turismo. La implementación tajante de esta medida, señalan, podría comprometer seriamente la productividad y elevar los costos operativos de industrias que actualmente ya lidian con presiones inflacionarias y desafíos logísticos.
Asimismo, los organismos han puesto especial énfasis en la situación crítica que podrían enfrentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), así como los negocios familiares. Estos establecimientos, que conforman la mayor parte del tejido empresarial y son los principales generadores de empleo en México, a menudo carecen de la infraestructura financiera y el margen de maniobra para absorber un aumento inmediato en la contratación de personal adicional o en el pago de horas extraordinarias.
Ante este escenario, el sector privado ha hecho un llamado urgente al Poder Legislativo para establecer un esquema de "corresponsabilidad" en la transición. Los organismos subrayan que no se oponen a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero demandan que el cambio sea gradual y esté acompañado de mecanismos de apoyo, incentivos fiscales o periodos de adaptación diferenciados que permitan amortiguar el impacto económico en los pequeños comercios.
Finalmente, los analistas del sector advierten que la falta de un análisis profundo sobre los efectos secundarios de la reforma podría incentivar involuntariamente la informalidad laboral. Para el sector privado, el bienestar del trabajador debe avanzar de forma paralela a la sostenibilidad de las fuentes de empleo, asegurando que el país mantenga su competitividad en el mercado global mientras se modernizan los derechos laborales en el Artículo 123 constitucional.
