La propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México ha encendido las alarmas entre los principales organismos del sector empresarial. Si bien la iniciativa busca mejorar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, diversas cámaras de comercio e industria advierten que su implementación, tal como está planteada actualmente, podría comprometer la estabilidad económica de miles de unidades productivas en el país.
Representantes de la iniciativa privada han señalado que el principal inconveniente de la reforma es su enfoque uniforme, el cual ignora la profunda heterogeneidad de los sectores económicos en México. A través de pronunciamientos oficiales, los organismos empresariales explicaron que no es lo mismo ajustar los turnos en una gran planta manufacturera que en un pequeño comercio minorista o en el sector servicios, donde la demanda operativa no permite pausas prolongadas sin elevar de forma insostenible los costos de nómina.
Uno de los puntos más críticos destacados por el sector privado es la ausencia total de mecanismos de apoyo o estímulos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Según los líderes empresariales, los negocios familiares son los más vulnerables ante este cambio, ya que carecen de la infraestructura financiera para contratar personal adicional que cubra las horas vacantes generadas por la reducción de la jornada. Sin un plan de acompañamiento, advierten que muchos de estos establecimientos podrían verse obligados a operar en la informalidad o, en el peor de los casos, cerrar definitivamente.
En este contexto, el empresariado mexicano ha hecho un llamado urgente al Congreso de la Unión para establecer una ruta de 'corresponsabilidad'. La propuesta del sector privado no es rechazar de tajo el descanso de dos días por cada cinco de trabajo, sino demandar una transición gradual y escalonada. Sugieren que se tomen como referencia modelos internacionales donde la reducción de horas se aplicó de manera progresiva a lo largo de varios años, permitiendo a las empresas ajustar su productividad y costos operativos de manera ordenada.
Finalmente, los organismos insistieron en que cualquier modificación al Artículo 123 constitucional debe ir acompañada de un análisis técnico profundo que considere la competitividad nacional. El temor radica en que, ante un incremento súbito en los gastos de operación, el costo se traslade directamente a los precios finales, alimentando las presiones inflacionarias que ya afectan el bolsillo de los consumidores mexicanos.
