La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso decisivo en la regulación del mercado inmobiliario de la Ciudad de México al avalar por unanimidad la creación de un registro digital obligatorio para los contratos de arrendamiento. Esta resolución complementa la histórica decisión tomada apenas una semana atrás, en la que el máximo tribunal declaró constitucional el tope a los incrementos de rentas basado exclusivamente en la inflación anual registrada.
El pleno de ministros respaldó la segunda fase del proyecto presentado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Esta iniciativa establece que el Gobierno de la Ciudad de México operará una plataforma digital donde se deberá concentrar la información de los contratos vigentes. El objetivo central de esta herramienta es dotar de transparencia al mercado habitacional y garantizar que los propietarios cumplan con la normativa vigente, evitando cobros excesivos que vulneren la economía de los capitalinos.
Durante la sesión, el debate se centró en el equilibrio entre la transparencia y el derecho a la privacidad. Hubo resistencia inicial por parte de algunos ministros respecto a la inclusión de los nombres de arrendadores y arrendatarios en el padrón. No obstante, el ministro Aguilar Ortiz defendió la importancia de estos datos para evitar simulaciones jurídicas o "fraudes a la norma". Según argumentó el ponente, sin una identificación clara, los propietarios podrían realizar contratos de corta duración para fijar precios nuevos arbitrariamente en cada renovación, evadiendo así el control inflacionario que busca proteger al inquilino.
Finalmente, el proyecto fue ajustado para garantizar el consenso unánime. El registro validado por la Corte se enfocará en la ubicación del inmueble y el monto de la renta pactada, permitiendo al gobierno capitalino tener un mapa preciso del mercado inmobiliario sin vulnerar de forma excesiva los datos personales. Con este mecanismo, las autoridades buscan frenar el fenómeno de la gentrificación y el desplazamiento forzado de habitantes en zonas de alta plusvalía.
Esta decisión representa un cambio de paradigma en la política de vivienda de la Ciudad de México. Tras años de una regulación mínima en el sector, la intervención del Estado —ahora respaldada por el Poder Judicial— busca equilibrar la balanza entre el derecho a la propiedad y el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa. La implementación de esta plataforma digital marcará un precedente sobre cómo las grandes metrópolis mexicanas pueden intervenir para regular la especulación inmobiliaria en beneficio de la ciudadanía.
