En un fallo de gran relevancia para la estabilidad social y el mercado inmobiliario en el país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional establecer topes máximos a los incrementos en el precio de las rentas. Esta resolución surge como una medida de protección frente al creciente fenómeno de la gentrificación que afecta a las principales urbes mexicanas, donde el encarecimiento del suelo ha desplazado a miles de familias.

El máximo tribunal del país analizó la validez de estas regulaciones, concluyendo que no vulneran la libertad contractual ni el derecho a la propiedad privada de manera desproporcionada. Por el contrario, los ministros destacaron que la medida es una herramienta legítima del Estado para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada, el cual se encuentra plasmado en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La determinación de la Corte subraya que el aumento desmedido en el costo de la vivienda ha generado desplazamientos poblacionales críticos, especialmente en zonas de alta demanda donde los habitantes originales ya no pueden costear los nuevos precios de arrendamiento. Al validar el tope a las rentas, la SCJN reconoce que la vivienda posee una función social que debe prevalecer sobre la especulación inmobiliaria desmedida, la cual suele priorizar el beneficio económico sobre el bienestar comunitario.

Durante la sesión, se argumentó que la intervención estatal en este rubro busca equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios, evitando que el costo de la vida urbana se vuelva inaccesible para los sectores de ingresos medios y bajos. Esta medida no prohíbe el aumento anual en los contratos, sino que lo sujeta a parámetros razonables y predecibles, generalmente ligados a la inflación o indicadores económicos oficiales, impidiendo así ajustes arbitrarios que vulneren la economía familiar.

Este precedente jurídico abre la puerta para que las legislaturas estatales en todo México fortalezcan sus códigos civiles y leyes de vivienda con un respaldo constitucional sólido. De esta manera, se espera que el fallo contribuya a mitigar los efectos negativos de la gentrificación y a ofrecer una mayor certidumbre jurídica a los millones de mexicanos que viven bajo el esquema de arrendamiento.

Finalmente, la SCJN recordó que el derecho a la propiedad no es absoluto y debe armonizarse con el interés general. Con este posicionamiento legal, la justicia mexicana envía un mensaje claro sobre la importancia de regular el mercado para prevenir la exclusión social y asegurar que el acceso a un techo digno sea una realidad protegida por el marco legal vigente.