La administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum atraviesa una de sus jornadas más complejas debido a una acumulación de tensiones políticas y graves brechas de seguridad. La propuesta de reforma electoral, que busca reconfigurar el sistema de votación y la estructura de los organismos autónomos en México, ha comenzado a generar fracturas inesperadas. Lo que destaca en esta ocasión no es solo la resistencia de la oposición, sino el surgimiento de voces críticas dentro de Morena, donde legisladores y figuras clave han manifestado sus reservas sobre el impacto que estos cambios podrían tener en la estabilidad democrática del país.
Este escenario de tensiones políticas coincide con una revelación que golpea directamente la estrategia de seguridad nacional. Se han dado a conocer detalles de la denominada "narconómina" de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los informes sugieren una red de complicidades profundamente enraizada que alcanzaría a mandos policiales y funcionarios de diversos niveles, quienes presuntamente reciben pagos periódicos para facilitar las operaciones delictivas del grupo criminal. Esta filtración pone en evidencia la persistente capacidad de infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
De manera paralela, la soberanía digital de México ha quedado vulnerada tras un hackeo masivo que ha afectado de manera simultánea al Instituto Nacional Electoral (INE), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a varios gobiernos estatales. La magnitud del ataque sugiere que información sumamente sensible, que incluye datos biométricos de los ciudadanos y registros fiscales confidenciales, podría haber sido comprometida. Expertos en tecnología advierten que este evento no es solo un fallo técnico, sino un ataque directo a la infraestructura crítica del país que pone en riesgo la privacidad de millones de mexicanos.
La convergencia de una reforma electoral cuestionada desde el interior del oficialismo, la evidencia de la corrupción institucional al servicio del narcotráfico y el colapso de los sistemas de protección de datos oficiales, plantea un panorama de incertidumbre para el cierre de febrero. El gobierno federal enfrenta ahora el desafío de mantener la cohesión en su movimiento mientras intenta contener el impacto de estas filtraciones que socavan la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales del Estado.
