La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha delineado las bases de una ambiciosa reforma política que busca transformar profundamente la estructura del Poder Legislativo y el sistema electoral mexicano. El objetivo central de esta iniciativa es reducir la influencia de las dirigencias nacionales de los partidos políticos —denominadas comúnmente como las “cúpulas”— y transitar hacia un modelo de representación que, según la mandataria, sea más austero y cercano al mandato popular.

Uno de los pilares más controvertidos de la propuesta es la eliminación de 32 escaños en el Senado de la República. Actualmente, la Cámara Alta se compone de 128 legisladores; la reforma plantea suprimir a los senadores elegidos por el principio de representación proporcional, conocidos como plurinominales, para dejar un total de 96 integrantes. Esta medida busca simplificar la operación del Senado y eliminar puestos que no son resultado de una competencia directa en las urnas por parte de los candidatos.

En la misma línea, la reforma propone cambios sustanciales para la Cámara de Diputados. Aunque se mantendrían los 200 espacios de representación proporcional para garantizar la pluralidad, Sheinbaum sugiere un nuevo mecanismo para que estos 'pluris' sean elegidos de manera directa por la ciudadanía. Históricamente, estos cargos han sido designados mediante listas cerradas elaboradas por las dirigencias partidistas, lo que ha generado críticas sobre el uso de estos espacios para favorecer a figuras políticas cercanas a los líderes de cada partido sin pasar por el escrutinio del voto ciudadano.

En cuanto al aspecto financiero, la propuesta presidencial establece un recorte del 25% en el gasto destinado a los partidos políticos y a la organización de las elecciones. Este ajuste no solo afectaría las prerrogativas que reciben anualmente las instituciones políticas, sino que también obligaría a una reingeniería administrativa en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Bajo la premisa de la 'Austeridad Republicana', la administración federal sostiene que es posible organizar comicios confiables con una inversión significativamente menor.

Esta iniciativa se presenta en un momento clave para la actual administración, que busca consolidar el llamado 'Plan C' legislativo. De concretarse, la reforma representaría el cambio más drástico en las reglas del juego democrático en México desde la creación de los organismos electorales autónomos, modificando la balanza de poder entre los ciudadanos y las estructuras partidistas tradicionales.