En una escalada de tensiones laborales en el sureste mexicano, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) determinaron el bloqueo de la Planta de Almacenamiento y Distribución ubicada en Puerto Chiapas. La medida de presión surge como respuesta inmediata ante la falta de soluciones institucionales frente a la suspensión de servicios médicos y la carencia de medicamentos, problemática que afecta a la plantilla laboral desde hace tres meses.

La protesta, que inicialmente comenzó como una manifestación pacífica el pasado lunes, ha evolucionado hacia un bloqueo parcial proyectado para durar 72 horas. Sin embargo, los representantes del movimiento advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable por parte de la directiva de la paraestatal, el cierre de las instalaciones pasará a ser total, lo que comprometería seriamente el flujo de energéticos en la entidad.

El impacto de esta movilización trasciende el ámbito laboral interno de la empresa. La planta afectada es el nodo neurálgico para la distribución de hidrocarburos en 20 municipios que integran las regiones de la Sierra, la Frontera y el Istmo-Costa. Un cese prolongado de operaciones en este punto estratégico podría desencadenar problemas de desabasto de gasolina y diésel en una vasta zona comercial y productiva del estado de Chiapas.

De acuerdo con los testimonios de los inconformes, la crisis sanitaria interna se agudizó en diciembre de 2024, cuando los servicios hospitalarios subrogados y el suministro de fármacos comenzaron a presentar fallas críticas. Según se reporta, la interrupción de la atención médica deriva del incumplimiento de pagos por parte de Pemex hacia los prestadores de servicios externos, dejando a los trabajadores y sus familias en una situación de vulnerabilidad ante emergencias y tratamientos crónicos.

Este conflicto pone de manifiesto la fragilidad operativa en una de las regiones más sensibles del país en términos de logística de combustible. Hasta el momento, las autoridades de la empresa estatal no han emitido un comunicado oficial que detalle un plan de pago o una fecha estimada para la reanudación de los beneficios de salud estipulados en el contrato colectivo de trabajo. Mientras tanto, el grupo de trabajadores permanece apostado a las afueras del inmueble federal, manteniendo su exigencia de un derecho básico: la salud.