En un operativo de alta seguridad coordinado por fuerzas federales, Andrés “N” y Genaro “N” fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido popularmente como "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Los ahora internos fueron trasladados desde el estado de Jalisco, donde se llevó a cabo su captura inicial tras un despliegue de las autoridades locales y federales en la entidad.
La medida responde a la determinación de un juez federal, quien dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. A los imputados se les señala por su presunta responsabilidad en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente por la posesión y portación de armamento reservado para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo cual es considerado un delito grave en el marco jurídico mexicano.
El traslado fue ejecutado y custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes vigilaron el trayecto para garantizar la integridad de los detenidos y evitar cualquier incidente durante el traslado hacia el recinto de máxima seguridad. La llegada de los señalados al Altiplano refuerza el protocolo de control sobre reclusos que enfrentan cargos federales de alto impacto, dado que este penal alberga a figuras consideradas de alta peligrosidad o vinculadas a investigaciones estratégicas del Estado.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existían elementos suficientes para sustentar la vinculación a proceso, ordenando que los acusados permanezcan en reclusión mientras se agotan las etapas de la investigación complementaria. El uso de armamento de alto calibre y de uso militar es un factor determinante que agrava la situación jurídica de los detenidos, limitando sus posibilidades de enfrentar el juicio en libertad.
Este movimiento ocurre en un contexto de intensificación de las operaciones de vigilancia en el occidente del país, particularmente en Jalisco, donde la presencia de grupos delictivos ha mantenido en alerta a las autoridades federales. Con el ingreso de Andrés “N” y Genaro “N” al penal mexiquense, la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las indagatorias para determinar si los sujetos están vinculados a otras actividades delictivas o estructuras criminales de mayor envergadura, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.
