El proceso de concertación para la reforma electoral impulsada por la Presidenta de la República ha tomado un rumbo inesperadamente complejo. Lo que se proyectaba como una ruta legislativa directa se ha transformado en un camino inusualmente sinuoso, evidenciando las tensiones internas que existen dentro de la coalición gobernante y los desafíos de mantener la cohesión en torno a cambios de gran calado.
En el centro de esta disputa se encuentran las dirigencias del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ambos institutos políticos han mostrado una reticencia que, aunque previsible desde la óptica de la supervivencia partidista, complica el avance de la agenda presidencial. Según el análisis de diversos observadores políticos, esta postura responde al temor de que las nuevas reglas del juego afecten directamente los intereses de estas agrupaciones que, si bien son minoritarias en términos de votación individual, resultan definitorias en el equilibrio de poder legislativo.
La importancia estratégica de estos aliados no es menor. En el actual escenario del Congreso de la Unión, la Presidenta requiere de la mayoría calificada para aprobar reformas a la Constitución. Esta cifra mágica solo puede alcanzarse con el respaldo unánime de los votos del PT y el PVEM. Sin su apoyo total, las modificaciones estructurales al sistema electoral mexicano quedarían bloqueadas, lo que otorga a estas dirigencias una moneda de cambio sumamente valiosa en la mesa de negociación.
Para estos partidos, cualquier modificación que altere el financiamiento público, la repartición de espacios de representación plurinominal o la dinámica de las coaliciones representa un riesgo existencial. Aunque su resistencia ha sido calificada como explicable por su naturaleza política, para diversos sectores del oficialismo resulta difícil de justificar en el marco de la transformación institucional que se busca implementar en el país.
Este estira y afloja legislativo pone de manifiesto la delicada balanza de poder que existe dentro del bloque oficialista. Mientras el Ejecutivo busca consolidar una reforma que modifique los cimientos del sistema electoral, sus aliados minoritarios luchan por salvaguardar las condiciones que les permiten seguir operando como fuerzas determinantes. El desenlace de este proceso de concertación no solo definirá el futuro de la reforma electoral, sino que también pondrá a prueba la solidez de la alianza que sostiene la actual administración.
